La aprobación de los Presupuestos Generales del Estado reabre todos los años el viejo debate sobre los criterios que debe utilizar el Estado para distribuir territorialmente su esfuerzo inversor. En este artículo vamos a plantear inicialmente en unas breves pinceladas las líneas generales de este debate para después comentar algunos datos de la experiencia española reciente.

Los criterios de reparto más amplios que podemos considerar pueden tomar como referencia cuatro aspectos. El primero tomaría como base la recaudación del Estado en cada zona, con el fin de equilibrar lo que se conoce como balanzas fiscales: este criterio se ha reclamado a veces desde algunas Comunidades, pero en general se tiende a desestimar porque las balanzas fiscales son instrumentos poco válidos para este uso finalista, al no tener en cuenta todos los efectos que la pertenencia a un Estado genera sobre los diferentes territorios. La bibliografía sobre este concepto es amplia, pero el monográfico que la revista Papeles de Economía Española le dedica en su número 99 es especialmente recomendable por la diversidad y novedad de sus aportaciones. Otro planteamiento extremadamente sencillo lo ocuparía un reparto basado exclusivamente en la población, que aspirase a igualar los niveles de inversión per cápita en todas las regiones: en la práctica se suele considerar que la población puede y debe ser el elemento básico a la hora de efectuar repartos, de forma que las comparaciones se hacen efectivamente en términos per cápita, pero también es cierto que suele haber diferencias sustantivas en este ratio, y debemos preguntarnos por la existencia de criterios que fundamenten esas diferencias.

Hay al menos dos elementos que permiten explicar las diferencias en inversión per cápita, y que se refieren a los dos efectos básicos de la inversión pública. Por un lado, la inversión debe servir como elemento cohesionador de la población y el territorio y servir como factor de convergencia económica, de forma que se debería invertir más en las zonas menos desarrolladas, precisamente como motor básico de su desarrollo. Por otro lado, la inversión pública debería atender a criterios de rentabilidad social, y ello implicaría que se invierta allá donde el efecto arrastre de la inversión privada, el empleo y, en general, la creación de riqueza vaya a ser mayor. Estos dos factores parecen haber existido en la práctica en la experiencia española, como mostró Ángel de la Fuente (Infraestructuras y política regional, 2001). Su análisis recorre el periodo 1955-1995, en el que parece que el criterio redistributivo pesó cada vez más a la hora de repartir la inversión pública productiva. Estos dos factores correctores se pueden asociar a dos objetivos básicos de la política económica, equidad y eficiencia, y como suele ocurrir, también en este punto es probable que a veces “empujen” en direcciones opuestas. Así, puede ocurrir que sean las zonas más desarrolladas las que más rendimiento obtengan de las inversiones públicas, pero ello redundaría en la profundización de los desequilibrios territoriales. Con el objeto de observar la experiencia más reciente acudimos a los datos sobre licitación que mensualmente publica el Ministerio de Fomento y observamos que en los últimos ocho años la licitación per cápita en algunas regiones cuadruplica la de otras, sin que estas diferencias puedan ser explicadas en absoluto por criterios redistributivos. Tampoco parece que las diferencias en la rentabilidad esperada puedan estar detrás de estas discrepancias, de forma que, en el mejor de los casos, debemos pensar que ha faltado un criterio consistente en el reparto de este tipo de inversiones. A modo de ejemplo, destaca especialmente el bajo nivel de inversión en regiones que, como la Comunidad Valenciana o la Región de Murcia, aúnan un nivel de producción inferior a la media nacional con un nivel de crecimiento superior al de ésta, de forma que en ellas cabe esperar que la inversión pública consiga ser a la vez un factor redistributivo y potenciador del crecimiento.

No parece razonable abusar de las implicaciones que emanan de estos datos, porque existen otras variables que pueden ser relevantes en la asignación de las inversiones públicas, como la situación de partida en cuanto a stock de capital público, densidad de población, situación geográfica, orografía, etcétera. En cualquier caso, sí que es interesante preguntarse por las razones de estas enormes diferencias, y buscar sistemas más transparentes y sólidos de reparto de este tipo de inversiones.

Pedro Saura García es portavoz de presupuestos del Grupo Parlamentario Socialista y Secretario General del PSRM-PSOE.